ARTÍCULO DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

¿QUÉ PASÓ CON LA REFORMA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES?

         El entonces Ministro Luis de Guindos Jurado, en su condición de titular de Economía y Competitividad lanzó un anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales allá por noviembre de 2013, creando en base a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Ómnibus un nuevo régimen jurídico de los Colegios Profesionales. Por entonces, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitiría un proyecto de ley a las Cortes Generales que determinase qué profesiones tenían la obligación de estar colegiadas para su ejercicio profesional. El referido anteproyecto tenía un objetivo importante para la reforma, ya que a lo largo de las últimas décadas el sector servicios había ganado mucha importancia en la economía española como así lo hacían en otros países desarrollados. Es más, los servicios profesionales en España generaban cerca del 9% del PIB, representando entorno al 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Es decir, se pretendía intensificar una mano de obra cualificada.

         Curiosamente, había que hacer mención a la situación preconstitucional que tenía y tiene la Ley 2/74 de Colegios Profesionales, por lo que el objetivo de la reforma reforzaba y así se decía la independencia de los Colegios y la transparencia de su funcionamiento, pues se buscaba que éstos enfocaran su actuación en asegurar la calidad del servicio prestado por sus colegiados, es decir, que trabajasen desde la óptica del usuario y no tanto del profesional.

         Este anteproyecto tenía el hachazo principal en la coexistencia de Colegios obligatorios y de participación voluntaria, por lo que la obligación de estar colegiado sólo podría exigirse por una Ley estatal y siempre que concurriesen los requisitos de tener una actividad con impacto directo sobre materias de interés como la salud, integridad física o seguridad personal o jurídica y ahí es donde estaba la madre del cordero, porque todas las profesiones colegiadas veían perecer su vida corporativa desde el momento que la colegiación no fuese obligatoria. Es más, hasta el Presidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) que aglutina a las agrupaciones más representativas del sector de las profesiones universitarias europeas, puso el grito en el cielo, ya que la agrupación de 35 Consejos Generales de ámbito estatal, mil Colegios territoriales con una base de cerca de un millón quinientos mil colegiados, entre otros, en España, tenían la gran preocupación de la supervivencia de sus colegiados.

         Se corrió mucha tinta, pues tanto el Congreso de los Diputados como el Senado acogieron permanentemente las manifestaciones y alegaciones de todas las profesiones de España, creyendo que los parlamentarios iban a introducir enmiendas no sólo para esa colegiación que no sería del todo obligatoria, sino para la distinta normativa que este anteproyecto de ley quería regular, pues se trataba del código deontológico de cada organización, del régimen económico de los colegios, la certificación de profesionales acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la mayor información a los consumidores sobre la experiencia y conocimiento de los profesionales, las incompatibilidades de los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios, el número de participación de los Colegios en la elección de sus órganos directivos y una aclaración exhaustiva sobre las funciones de los Consejos Generales cuando existiesen Consejos Autonómicos. En resumidas cuentas, este anteproyecto centraba las ventajas de la nueva regulación en una mayor protección del consumidor y en mejores servicios de los colegios profesionales, por lo que la protección al consumidor se incrementaba enormemente y se decía que los servicios finales tendrían mayor calidad y a un menor coste.

         No cabe duda que hubo dictámenes controvertidos, pues hasta el Consejo General del Poder Judicial llevó a cabo un informe al anteproyecto de 37 páginas, donde existieron votos particulares y donde también excluían a algunas profesiones de la colegiación obligatoria como era el asesoramiento jurídico de los abogados y graduados sociales que actuasen en representación de un tercero con el que tuvieran relación laboral, algo que convulsionó al mundo profesional y que las quejas llovían con cartas al entonces Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ponían en entredicho la actuación del Ministro de Guindos, que llegó a tener unas malas relaciones con todas las profesiones colegiadas porque amparándose en una Directiva Europea quiso imponer algo que se ha visto al final que no ha tenido mayor trascendencia, es decir, un desgaste tal entre las profesiones colegiadas que acabó guardado en un cajón y lo que es peor, sin ninguna mejora sustancial para esa Ley preconstitucional que muchos profesionales queremos mejorar y adaptarla a las circunstancias actuales. Está visto que los políticos llegan a veces a extremos insospechados, pues fueron meses largos de debates y años cortos de angustia, pero que aquello que no tiene un final feliz desgasta tanto que ahora en el 2021 lo miramos desde lejos y todo quedó en papel mojado y me pregunto, ¿por qué?, pues muy sencillo, porque un Gobierno cuando redacta un anteproyecto de ley debe consensuar previamente con los interlocutores, debe escucharlos y principalmente debe conocerlos, pues posiblemente en aquel anteproyecto había muchas cosas que acertaba, pero las imponía porque era el Ministro del ramo y esto es un claro ejemplo de los “globo sondas” que tenemos en la actualidad, donde en definitiva crean expectativas y bulos que pierde la credibilidad de quienes son los verdaderos operadores profesionales, como ha sido en este caso. Es más, el Ministro de Guindos no llegó a escuchar ni a Unión Profesional ni recibió a ningún Consejo General de Colegios, lo que pone de manifiesto la soberbia política de algunos.

         Por lo tanto, aquel anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales que quiso formar parte de las reformas estructurales recogidas en la estrategia española de política económica, lanzada en el 2012 y actualizada en abril de 2013, ha quedado en el olvido y lo que es peor, muchos “cadáveres” en el camino que ya ni resucitan ni nadie se ocupa de ello, pese a la necesidad de la verdadera reforma que deben tener los Colegios Profesionales. Ojalá cuando acabe esta pandemia y exista un Gobierno centrado y con proyectos volvamos a negociar un nuevo anteproyecto que hoy no tiene un horizonte de futuro.

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez

Presidente de Honor del Excmo. Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta.

Comments powered by CComment

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias


C/ Ramón Prieto Bances 6 Bajo
33011 - Oviedo

Tel.: 985 277 873