¿QUÉ PASÓ CON LA REFORMA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES?

         El entonces Ministro Luis de Guindos Jurado, en su condición de titular de Economía y Competitividad lanzó un anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales allá por noviembre de 2013, creando en base a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Ómnibus un nuevo régimen jurídico de los Colegios Profesionales. Por entonces, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitiría un proyecto de ley a las Cortes Generales que determinase qué profesiones tenían la obligación de estar colegiadas para su ejercicio profesional. El referido anteproyecto tenía un objetivo importante para la reforma, ya que a lo largo de las últimas décadas el sector servicios había ganado mucha importancia en la economía española como así lo hacían en otros países desarrollados. Es más, los servicios profesionales en España generaban cerca del 9% del PIB, representando entorno al 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Es decir, se pretendía intensificar una mano de obra cualificada.

         Curiosamente, había que hacer mención a la situación preconstitucional que tenía y tiene la Ley 2/74 de Colegios Profesionales, por lo que el objetivo de la reforma reforzaba y así se decía la independencia de los Colegios y la transparencia de su funcionamiento, pues se buscaba que éstos enfocaran su actuación en asegurar la calidad del servicio prestado por sus colegiados, es decir, que trabajasen desde la óptica del usuario y no tanto del profesional.

Entrevista al Ilmo. Sr. D. José Pedreira Menéndez

1- ¿Cuáles son los mayores problemas que en estos momentos afronta nuestro sistema tributario?

La situación de crisis requiere una reforma en forma de estímulos fiscales, la rebaja de algunos tipos impositivos en el IVA, como han hecho otros países, permitiría una recuperación de la demanda y considero que sería más efectivo que el sistema de subvenciones que se pretende establecer.

Asimismo, también habría que regular la tributación de los profesionales y los administradores societarios, evitando la actual inseguridad jurídica. Los contribuyentes quieren tener certeza sobre su tributación y no verse sometidos a continuas comprobaciones tributarias, con resultados inciertos, cuando no existe ningún ánimo defraudatorio, sólo desean saber cómo pueden organizar sus obligaciones tributarias.

Por último, la adaptación a la economía digital y la deslocalización de los servicios exige una importante coordinación a nivel internacional, que aún está lejos de obtenerse. Las normas españolas son insuficientes para abordar la fiscalidad de esta nueva realidad.

El empleo se despeña

El presente mes de febrero nos ha dado no sólo un susto, sino que nos ha convulsionado por el número de parados que en estos momentos y por el fuerte impacto de la tercera ola de la pandemia ha dejado en las estadísticas. Los datos registrados oficialmente en el SEPE dan como inscritas en situación de desempleo a 4.008.789 personas, lo que se aumenta en cerca de 45.000 personas más, sin contar los trabajadores que están en los ERTES, que prácticamente es asimilable al desempleo y que suman 900.000 personas. Es decir, el empleo en España está en caída libre y si bien la pandemia ha influido notablemente en este desmadre no cabe duda de que no se han puesto soluciones ni se han abortado mecanismos para que esta sangría se esté despeñando cada minuto, pues cerca de 5 millones en total no tienen hoy empleo que echarse a la boca,